ASF investiga triangulación de 7,200 millones en Nuevo León

Si alguien la pasó mal en Halloween, fue Samuel García. Yo creo que el gobernador de Nuevo León podría estar pisando la cárcel el próximo año. Les explico por qué.

Con bolitas y palitos: la Auditoría Superior de la Federación es quien revisa qué se hace con el dinero que reparte la federación. Imagínate que México junta lana de impuestos, de petróleo y de turismo, y la divide entre los estados. A cada gobernador le llega su parte y él la administra: salarios, policías, seguridad, escuelas públicas, calles, luminarias, agua, obras como una presa. La Auditoría revisa en qué se gastó.

Todo parece indicar que este año le dieron más facultades para revisar cuentas sin que haya un juicio de por medio. ¿Violación a los derechos? Alguien podría decirlo. Para mí no: se trata de saber dónde quedó el dinero que se les dio a los gobiernos.

¿Y qué acaban de encontrar en Nuevo León? Bueno, una locura. La Auditoría Superior de la Federación dice que tiene bajo investigación operaciones por más de 7,200 millones de pesos por presuntas triangulaciones de recursos públicos.

Ojo: la Auditoría todavía no dice nombres. Todavía no dice quién. Pero me parece que todos nos podemos dar una idea.

De acuerdo con el Grupo Reforma, una empresa recibió contratos estatales por más de 440 millones de pesos para comprar chalecos antibalas, radios y otros artículos de seguridad. Y hubo una ruta de transferencias en la que 60.4 millones de pesos terminaron en un despacho. ¿De quién será ese despacho? Para mí, apunta al de Samuel.

Aquí está lo grave. Una cosa es que un político pague sobreprecio en luces o en un puente. Pero ya habíamos hablado de que el Código Penal Federal castiga más fuerte cuando lo que se triangula es dinero de seguridad. Para el gobierno federal, el dinero para patrullas, radios, chalecos y policías es sagrado.

El artículo 223 del Código Penal Federal establece que una persona puede llegar a 14 años de prisión por peculado de montos elevados. Si se trata de fondos federales de seguridad, la pena puede aumentar hasta una tercera parte. Estamos hablando de un máximo de 18 años y 8 meses. Y el próximo año hay elecciones y a Samuel se le acaba la gubernatura.

Ahora, todavía falta conocer la explicación del gobierno estatal, revisar los contratos y determinar si las operaciones fueron legales. Una cosa es que existan transferencias sospechosas y otra muy distinta es demostrar que hubo un delito. Es posible que quienes le vendieron los radios al gobierno hayan contratado a una firma jurídica, fiscal y legal para que los asesorara. Y puede que técnicamente no sea ilegal contratar a alguien, aunque esté cercano al gobernador. Habrá que ver qué se descubre.

Pero la neta, con estos montos, yo creo que quien se quiera robar 7,000 millones de pesos está enfermo. ¿Para qué quería tanto? ¿Qué le faltó en la vida para creer que necesitaba una cantidad así?

Es un escándalo. La Auditoría estrenó esta nueva facultad y la estrenó en Nuevo León. Para mí, qué bueno. Que los revisen a todos y que caiga quien tenga que caer.

Yo no voy a estar defendiendo políticos.